La universidad más antigua de Europa fue fundada en Bolonia en el siglo XII, pero el ingreso de las mujeres comenzó hasta 1860. En México, la primera mujer en graduarse fue la médica poblana Matilde Montoya en 1887; la prensa de la época la acusó de perversión.
Más de cien años después, en el año 2007, la proporción de estudiantes universitarios ya era 51-49 a favor de las mujeres. No obstante, “a las mujeres siempre se les ha visto como intrusas en las universidades. La presencia de mujeres todavía no ha derivado en la participación en la toma de decisiones; más aún, prevalecen las desigualdades interseccionales”.
Así reflexionó la Dra. María Guadalupe Ramos Ponce, integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de las mujeres (CLADEM), en el marco de las jornadas universitarias #NoMás Violencias ni discriminación en los entornos educativos de la IBERO Puebla.
Las brechas de género continúan presentes en las universidades. Los obstáculos que enfrentan las mujeres en su desarrollo profesional se presentan en lo que los feminismos denominan techos de cristal, de cemento y de dinero. En general, se trata de condiciones de desventaja propiciadas por las estructuras heteropatriarcales de ejercicio de gobierno.
“Si seguimos exigiendo nuestros derechos es porque la igualdad que percibimos no es de facto, no la vemos en lo cotidiano”. De ahí la necesidad de desmontar las estructuras sociales que reproducen las dinámicas de poder a través de la normatización, normalización y naturalización de las violencias.
En respuesta, Nanci Fraser propone acciones transformadoras a partir de la representación de los intereses de las mujeres en las instituciones y el reconocimiento de sus aportaciones a la vida social y académica. Así, las perspectivas que buscan impulsar la igualdad sustantiva se asumen de manera proactiva para contrarrestar las deudas históricas de paridad.
La igualdad de género, explicó Ramos Ponce, no implica que hombres y mujeres sean tratados como idénticos, sino que se erradiquen las circunstancias que las imposibilitan de ejercer sus derechos y tener acceso a recursos para el desarrollo. En el contexto universitario, esto supone que las mujeres tengan las garantías necesarias para el disfrute de los derechos humanos.
Para lograrlo, es necesario contar con herramientas de análisis que permitan transversalizar la visión diferenciadora de las condiciones de unos y otras. Los resultados no solo implicarán el goce de los derechos inherentes a las mujeres, sino también el abordaje de desigualdades específicas relacionadas con el ingreso salarial, la participación política y el acceso a la vida libre de violencia.
