ING. OSCAR LÓPEZ MORALES
Ayer comentábamos sobre la aparición de nueva cuenta de vándalos que toman como pretexto las manifestaciones por los desaparecidos de Ayotzinapa y en ocasión del segundo año de la asunción al poder del presidente Peña Nieto para causar destrozos, sobre todo en la Ciudad de México y en efecto, de nueva cuenta estos anarquistas se infiltraron en la manifestación para provocar daños a bancos, cafeterías y las llamadas tiendas de conveniencia.
Pero lo peor es que estos sujetos, los que fueron detenidos, están a punto de obtener su libertad con el pago de unos seis mil pesitos aproximadamente porque no son considerados delitos graves los que ocurrieron la tarde del lunes.
Por otro lado, están las quejas en contra de quienes no provocaron estos desmanes y que fueron brutalmente reprimidos por la policía del Distrito Federal sin deberla ni temerla, asunto que ya investiga la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y su recién estrenado presidente.
En un comunicado, la CNDH señala que igual de graves son las conductas mediante las que se causan destrozos y se ataca a los representantes de las fuerzas del orden, como la falta de protocolos o de su aplicación por los cuerpos de seguridad para actuar ante multitudes y cumplir con su responsabilidad de proporcionar paz y tranquilidad a los mexicanos.
En este contexto, en la Cámara de Diputados se aprobaron modificaciones constitucionales para garantizar la “movilidad universal”, que en el fondo lo que busca es regular o incluso dicen algunos, impedir las manifestaciones.
Según la reforma aprobada ya por el PRI, el PAN y el Partido Verde Ecologista, refiere que el reconocimiento constitucional del derecho a la movilidad permeará en la obligación para que las autoridades de todos los órdenes de gobierno del país implementen acciones encaminadas a garantizar que las personas realicen, en condiciones de seguridad, cada una de las actividades que decidan realizar. Así como para que los ciudadanos tengan acceso a los servicios básicos que el mismo Estado está obligado a proporcionar.
Además se ordena los estados a realizar las modificaciones legales correspondientes en cada una de sus entidades, para empatar esta reforma constitucional.
Y entonces surge la pregunta ¿hoy más que nunca la llamada “ley bala” vigente aún en Puebla cobra sentido? ¿será que ya se sabía de las modificaciones que vendrían y por eso los diputados no la han derogado como ordenó el gobernador hace unos meses cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió toda la serie de recomendación tras el violento acontecimiento de Chalchihuapan?
CONFETI…Anoche en el encendido del árbol de Navidad de la BUAP, se guardó un momento de silencio para invocar paz en el país…vaya que hace falta.