Tras la promulgación de la Ley de Seguridad Interior por parte del Presidente de la República, es el tiempo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que el poder del Estado mexicano responsable de salvaguardar la constitucionalidad de nuestra Carta Magna se exprese y, con sensatez, emita su resolución respecto a dicha ley, aseguró el senador Miguel Barbosa Huerta.

El vicecoordinador político del grupo parlamentario PT-Morena señaló que luego de la publicación de esta ley, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) declaró que presentará una acción de inconstitucionalidad; “si esto ocurre, será el momento en que la Corte tendrá la última palabra en este tema”.

No obstante, Barbosa Huerta consideró que la afirmación del Presidente de la República en el sentido que esperará la resolución de la SCJN para aplicar la ley “más parece un desafío que un acto de responsabilidad; mal hace el Presidente al rivalizar con la sociedad y mal haría la Corte al someterse a los intereses del Poder Ejecutivo”.

El senador poblano indicó que el Gobierno Federal se distanció de la realidad y de los mexicanos. “Desafía y rivaliza con la opinión pública nacional y extranjera; parece que nos reta, que reta a la razón y al sentido común, que nos dice: ‘a ver, demuestren que es inconstitucional’”.

El senador sostuvo que esto, dicho desde la Presidencia de la República y todo el poder y recursos que concentra y su capacidad de influencia en la vida pública, se percibe como una nueva simulación para simplemente avanzar en la legitimación de esta ley.

Advirtió que el gobierno del presidente Peña Nieto perdió sensatez en el ejercicio de la autoridad y se olvidó que quien ejerce el poder cuida el interés general; “ahora queda claro lo que siempre desde la oposición real hemos sostenido: el actual gobierno sólo se ha dedicado a cuidar sus intereses”.

Agregó que pareciera que todos los argumentos, reiteradamente expuestos por representantes de organismos nacionales e internacionales, como la CNDH, la ONU, la OEA, organizaciones defensoras de estos derechos, activistas, periodistas y académicos, están escritos en un idioma que el Gobierno Federal no entiende, o mejor dicho, lo entiende, pero simplemente los ignora.

Miguel Barbosa Huerta aseguró que el presidente Peña Nieto, al impulsar esta ley, obedece al gobierno de Estados Unidos que quiere que el continente americano se militarice, pero también obedece a la oligarquía mexicana que quiere a un Ejército sin controles políticos reales, ante el irremediable cambio de régimen que ocurrirá en México en el 2018.

“No pasará mucho tiempo para que comiencen a aparecer datos y declaraciones de la subordinación del gobierno de México a este tipo de intereses”, indicó.

Afirmó que en estos momentos, el gobierno no calibra adecuadamente el impacto social de estas decisiones; “apuesta a que con las fiesta decembrinas y el nuevo año, el tema quedara olvidado, como ocurre con varios tópicos de la agenda nacional. Se equivoca, la respuesta y crítica no ha cesado; por el contrario, son cada vez más la voces que alertan sobre los riesgos que implica esta ley”.

Ya veremos si desde el Poder se intenta disuadir a la CNDH para promover esta acción de inconstitucionalidad, o bien, se ejerce presión a los legisladores de la Cámara de Diputados o en el Senado de la República para que no se logre un tercio de cada una de las Cámaras para ejercer el precepto de la acción de inconstitucionalidad, señaló.