El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este miércoles que un servidor público que gane 600 mil pesos mensuales en México, es un corrupto.

 

AMLO fue cuestionado sobre la crítica que lanzó al Poder Judicial por conceder de amparos contra la ley que establece que ningún servidor público puede tener un sueldo superior al suyo, 108 mil pesos mensuales.

 

“Acuérdense cuál era el argumento o la excusa de que tenían que ganar bien los funcionarios, porque si no ganaban bien se iban a echar a perder: en un país como el nuestro, el que gana 600 mil pesos mensuales, con todo respeto, es un corrupto, no se necesita presentar pruebas, es una gente insensible pues ese no es un servidor publico. Si está en la iniciativa privada, una persona puede ganar no 600, sino 1 millón, 3 millones de pesos mensuales, pero el gobierno es para servir, no para sacar provecho personal”, dijo el presidente en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

 

Andrés Manuel López Obrador sugirió enviar una nueva iniciativa de reforma constitucional sobre la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos para evitar que se sigan registrando amparos contra esta.

 

“Lo que comenté ayer de manera respetuosa (con Mario Delgado y Ricardo Monreal), es que se haga valer la Constitución y si hace falta precisión (…) porque suele acudirse a ‘chicanadas’, a interpretaciones torcidas, si es necesario presentamos una nueva iniciativa”, dijo.

 

El 11 de julio, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió suspensiones que impiden la reducción del salario a empleados de las comisiones Federal de Competencia Económica (Cofece) y Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

 

100 altos funcionarios de estos organismos tienen percepciones superiores a la asignada al presidente, por lo que promovieron, a título personal, juicios de amparo contra la medida.

 

Los empleados de otras dependencias que han obtenido suspensiones contra la aplicación de dicha ley, en juicios de amparo, son los pertenecientes a los institutos Federal de Telecomunicaciones (IFT), Nacional Electoral (INE) y Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

 

Los juicios de amparo contra la aplicación de la ley continúan desahogándose en las salas de la Suprema Corte y no existe un plazo perentorio para que los ministros, tanto de la Primera como la Segunda Sala, resuelvan cada uno de ellos.