• Hay un procedimiento constitucional que tiene que agotarse completamente.

El Senado de la República está obligado a calificar las razones que tuvo el encargado del despacho de la PGR para remover al titular de la FEPADE, y aunque Santiago Nieto Castillo aceptó su despido, el procedimiento constitucional de objeción debe continuar porque éste se inició cuando el Senado recibió la comunicación de la subprocuraduría sobre la remoción del Fiscal para delitos electorales, afirmó Miguel Barbosa Huerta.

“Tenemos que conocer las razones que tuvo la subprocuraduría para acordar la remoción; tenemos que conocer las razones, la fundamentación, si se agotó el debido proceso también para poder haber ordenado la restitución, si el subprocurador tiene o no atribuciones, todo eso que ha estado a debate·, expuso.

El vicecoordinador político del grupo parlamentario PT-Morena insistió en que debe desahogarse el procedimiento de objeción a pesar de que la restitución ya no tendría efectos, porque quien podría ser restituido ya manifestó que no tiene interés en serlo, entonces, el Senado tiene que calificar las razones que tuvo el encargado del despacho de la PGR para llevar a cabo la remoción.

Miguel Barbosa Huerta explicó que el procedimiento de objeción a una decisión, en este caso, la destitución de los fiscales especiales, es un procedimiento de control político constitucional de un poder sobre las decisiones de otro, en este caso, de la Cámara de Senadores sobre la determinación de la PGR, realizada por un subprocurador encargado de despacho.

“Por tanto, la decisión de Santiago Nieto de no mantener su interés de ser restituido, porque él dice: retiro mi objeción. No, no señor Nieto, no señores, el procedimiento constitucional de objeción se inició cuando el Senado recibió la comunicación de la subprocuraduría sobre la remoción del titular de la FEPADE”, reiteró.

Barbosa Huerta dijo que espera de los grupos parlamentarios “la opinión, la convicción y la posición, repito, de que es un procedimiento constitucional que tiene que agotarse completamente”.

Refirió que no debe confundir la posición de la Mesa Directiva del Senado respecto a que ahora depende de los grupos parlamentarios que aún mantienen sus objeciones que continúe el proceso o no.

“Lo que quieren hacer en palabras de la Mesa Directiva de ya dejar que este procedimiento ya no se continúe, sería nuevamente violentar la ley del Senado y violentar la propia Constitución”, subrayó.