Todos los congresos de México deben reformar sus leyes en materia penal para que la justicia sea la misma en todo el país, aseguró María de los Ángeles Fromow, titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación, al participar en la IV Asamblea Plenaria de Conferencia Permanente de Congresos Locales (COPECOL).
 Al hablar de la trascendencia que tiene la reforma de Justicia Penal en nuestro país, destacó que el 30 de noviembre de 2014 todas las leyes de la federación y de los estados deben estar alineadas para implementar el Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que llamó a los legisladores a darle celeridad a este proceso, pues dijo sólo restan 270 días para realizar el proceso.
 El Artículo 8° Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales estableció el plazo de 270 días naturales después de su publicación para que la federación y todas las entidades publiquen las reformas a sus leyes y demás normatividad complementaria para la implementación del Código, recordó la Secretaría Técnica. “Es urgente que los Congresos aprueben los proyectos que tienen en revisión y legislen los proyectos de creación o de reforma de ley”, apuntó.
Para facilitar estos procesos, la titular de la SETEC detalló que esta Secretaría Técnica está dispuesta a acompañar a las entidades federativas que soliciten apoyo para reformar sus leyes locales en dos periodos de julio a septiembre y de octubre a noviembre del presente año.
Subrayó que tanto la Constitución como el Código Nacional son pilares para reformar las leyes en todos los estados y se concreten en forma homogénea, precisó.
Así mismo comentó que el trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno, tendrá como resultado una reforma integral en beneficio de la sociedad, pues al sumar experiencias se logrará una correcta implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
“El Nuevo Sistema de Justicia Penal para concretarse requiere recursos por ello los Congresos de los estados deben destinar los medios necesarios para cumplir el plazo constitucional en que la reforma debe funcionar en todo el país y para ello solo faltan dos años”.