La reforma constitucional que fue aprobada el martes por los diputados locales para que el gobernador o gobernadora electa tome protesta en el Tribunal Superior de Justicia al no haber las condiciones para hacerlo en el Poder Legislativo, carece de toda legalidad en su procedimiento por lo que se echará abajo.

Así lo planteo, José Juan Espinosa Torres tras señalar que esta reforma se podría quedar sin efecto con la mayoría de los ayuntamientos en contra, tesis que se está buscando.