• Académica de la BUAP participó en foro desarrollado en Oaxaca

El éxito de que los recursos económicos lleguen a comprobarse de manera transparente radica en la organización y establecimiento de metas para desarrollar las actividades de manera responsable y alcanzar los parámetros establecidos, señaló Esperanza Morales Pérez, directora general de Planeación Institucional de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
Al participar en la conclusión del foro sobre el “Sistema Nacional Anticorrupción y su Impacto” que se llevó a cabo la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) sintetizó siete adecuaciones estratégicas en el Sistema Nacional Anticorrupcion (SNA).
Explicó que la primera pretende coordinar todos los mecanismos de las intiituciones que conforman sistema; la segunda corresponde a Ley General de Responsabilidades Administrativas, la famosa “ley 3 de 3”.
Refirió que en su primera experiencia con esta ley en la BUAP notó que las autoridades encargadas de fiscalizar a las universidades no conocen la operación de las instituciones y las tratan como si fueran un gobierno municipal o federal y tampoco saben la forma en La tercera señala adecuaciones al Código Penal Federal, creado para que funcionarios y personas que incurran en actos de corrupción sean sancionados no sólo con inhabilitaciones y multas, sino para incorporar la tipificación de delitos de este tipo, así como sus procesos de investigación.
La cuarta corresponde a la Ley Orgánica de la Administración Publica de la Federación, que será la institución encargada de imponer sanciones a funcionarios y particulares que incurran en faltas administrativas graves.
La quinta constituye la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Republica y establece las competencias, facultades y límites de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción y se encargará de perseguir e investigar estos actos.
La sexta radica en adecuaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, sobre las reformas a la ley, y que proveen a la Secretaría de la Función Pública (SFP) de todas las herramientas y atribuciones para prevenir, identificar y sancionar las faltas administrativas “no graves”que trabajan.
La séptima brinda a la ASF una nueva forma de organización y de trabajo para realizar revisiones en las entidades federativas y a la Cuenta Pública Federal (CPF), por lo que se eliminan los principios de posterioridad y anualidad para la función fiscalizadora y se podrá investigar en tiempo real.
Asimismo, se faculta a la SHCP para que fiscalice, en coordinación con los estados de la República, la totalidad de los recursos de las participaciones federales que se transfieran a los órganos de gobierno, y la ASF podrá fiscalizar los recursos federales que sean transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos tanto públicos como privados.