El grado de impunidad que prevalece en los casos de feminicidios y crímenes de odio es consecuencia del burocratismo sistemático de impartición de justicia y la carencia de recursos humanos, técnicos y financieros con los que cuenta la Fiscalía General del Estado para resolverlos.
Brahim Zamora Salazar, director de Comunicación, Planeación y Capacitación del Observatorio del Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), consideró que la nula celeridad con la que son atendidos estos y otros delitos.