Sobre el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan artículos de la ley de migración, en su intervención la senadora Lucero Saldaña dijo que históricamente México ha tenido un constante flujo migratorio en sus fronteras sur y norte, donde se ha tenido que reconocer los derechos de las personas.

Destacó que el Estado mexicano tiene la responsabilidad de promover, proteger y garantizar estos derechos de las personas migrantes, acorde con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, medidas imprescindibles para garantizar los mecanismos de protección en materia de derechos humanos de las personas migrantes en nuestro país con la aplicación de la ley fundamental y de los convenios y tratados internacionales, como principal centro de la política migratoria del Estado mexicano, así como establecer diversos principios en materia de derechos humanos, en los que se debe sustentar dicha política.

Se pronunció a favor de facultar a la Procuraduría General de la República, para celebrar convenios para la eficaz investigación y persecución de los delitos, de los que son víctimas las y los migrantes, pero sobre todo poner de relevancia el fondo de esta iniciativa, en el sentido de recoger el criterio del interés superior de la mujer, establecido en los instrumentos internacionales.

Sin embargo, dijo que la magnitud, alcances e implicaciones de la migración, ha hecho que este tema esté en el centro de la agenda internacional y la agenda nacional, tanto desde la perspectiva gubernamental, como de la sociedad civil.

Por lo que es en este contexto en que se enmarcan las reformas planteadas en el presente dictamen, el cual busca incorporar a la ley los tratados internacionales en materia, como marco de referencia para la protección de los derechos de las personas migrantes (reformas y adiciones de los artículos 2 y 28 de la Ley de Migración).

Recordó que los y las connacionales radicados en Estados Unidos, representan el 65 por ciento de los 52 millones de hispanos que viven en aquel país y el 11 por ciento de la población nacional. De acuerdo a datos del Instituto de Migración, cada año reporta en promedio 450 mil migrantes mexicanos, pero lo preocupante es que en varios casos sufren alguna violación a sus derechos por parte de autoridades del país del norte y de instituciones de nuestro país.

Indicó que cada año unos 120 mil centroamericanos ingresan a México por la frontera sur, entre ellos mujeres, niños, niñas, número que va en aumento y por ende presentan mayor vulnerabilidad, lo que hace necesario tomar en cuenta tanto el enfoque de género, como el enfoque de los derechos humanos.

Finalizó señalando que el grupo parlamentario del PRI, considera que la soberanía nacional debe ser no sólo un actor de la conformación de una agenda en materia de política migratoria, sino un promotor permanente de apoyos para la protección de los derechos de las y los migrantes, principalmente de las y los niños.