Por Angélica Patiño Guevara/Puebla.- Será hasta que se revise a fondo la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de elementos de instituciones policiales, cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) defina si se violan las garantías de los poblanos y en su momento presentar una propuesta de adecuación.
Así lo sentenció el presidente nacional del organismo Raúl Plascencia Villanueva, quien recibió de parte del ayuntamiento de Puebla la Cédula Real.
En entrevista el ombudsman aseguró que desconoce los términos en los que fue aprobada esta ley, ya que hasta este día recibió una copia de la iniciativa aprobada por el Congreso del estado.
El presidente de la CDNH advirtió que tras su lectura, en caso de que se detecte que se comprometen los derechos humanos o se atente contra los mismos, se tomarán las acciones legales correspondientes.
“Vamos a revisarla con mucho cuidado y si observamos que existe algún artículo que sea contrario a la Constitución, ejerceré la facultad para hacer una observación”.
Plascencia Villanueva confió en que en la conformación de esta Ley local se hayan tomado en cuenta los dos documentos emitidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la conformación de esta ley y que son el Código de Conducta para Servidores Públicos encargados de cumplir y hacer cumplir la ley y los Principios de Naciones Unidas en cuanto al uso de la fuerza y las armas de fuego.
De lo contrario, sentenció, la CNDH actuará conforme a la ley para lograr que se apegue a las leyes internacionales.
Explicó que estos dos documentos reglamentan la gradualidad en el uso de la fuerza, así como en los casos que se debe de usar, ya que existe un compromiso de los gobiernos de acatar estas disposiciones internacionales.
Aclaró que el uso de fuerza pública está establecido en algunos supuestos, por lo tanto hay que analizar lo que los diputados locales avalaron.

Denuncias por caso gasoducto
El presidente de la CNDH habló también sobre el gasoducto y explicó que siguen con la investigación bajo dos líneas: una, el daño ambiental del Proyecto Integral Morelos (PIM) y la detención de tres ambientalistas.
Abundó que hace aproximadamente 15 días atrajeron el caso, y prevé que en un máximo de ocho semanas concluya la revisión final; a la par, destacó que la CNDH puede observar las violaciones si es que se logran acreditar.
“Es una investigación de ley. Hicimos una visita acá y hemos solicitados los informes oficiales a las autoridades que intervinieron en la detención, al poder judicial para saber por qué se les está procesando. En el caso de la queja ambiental a las autoridades federales como estatales para saber cómo se analizó el impacto ambiental y cómo está garantizado el derecho de las comunidades indígenas”.