• Ley Nacional de Ejecución Penal con casi 100 días de vigencia tiene que ver con el respeto a la dignidad de las personas.

Al inaugurar la Conferencia Regional Centro-Occidente de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, el Comisionado Nacional de Seguridad, Lic. Renato Sales Heredia, señaló que con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, nuestro país requiere un sistema penitenciario moderno y eficiente que logre reinsertar auténticamente aquellas personas privadas de su libertad.

El Comisionado Renato Sales señaló que “si no se logra eficientemente insertarlas a la sociedad que tampoco se les desinserte. Si no se logra educarlas en los centros penitenciarios que tampoco se les deseduque. Que si no se lograr adaptarlas que tampoco se les desadapte”.

En ese sentido, insistió que la Ley Nacional de Ejecución Penal con casi 100 días de vigencia tiene que ver con el respeto a la dignidad de las personas, por ser la razón de todos los derechos humanos. “Es nuestro deber impulsar desde el ámbito de nuestra competencia ese respeto a los derechos humanos, que sea autentico, que sea real”, apuntó.

Al destacar la importancia de la responsabilidad conjunta, el Comisionado Nacional de Seguridad exhortó a las entidades federativas a definirse, a construirse a nivel federal, articular comités intersecretariales que permitan el ejercicio en la práctica de esta noción de corresponsabilidad, donde deben estar diversas instancias para ser efectivo el auténtico derecho a la salud, al trabajo, a la educación, al deporte”.

Por su parte, el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, Lic. Eduardo Guerrero Durán, subrayó que “es importante que cada uno de nosotros como autoridades penitenciarias honremos los acuerdos alcanzados en sesiones anteriores como la implementación de la Ley Nacional de Ejecución Penal y el impacto del Nuevo Sistema de Justicia Penal en los Centros Penitenciario del país”.

En este contexto, el Comisionado Eduardo Guerrero exhortó a las autoridades penitenciarias de las zonas Occidente y Centro a “no perder la oportunidad de dirigirnos con un trazado de metas comunes basado en la coordinación de esfuerzos que conlleve a la definición y aplicación de la política pública orientada al cumplimiento e implementación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que va del plano legal y operativo al de desarrollo de las capacidades, y que rige el actuar de las autoridades penitenciarias y el respeto de los derechos humanos de los internos como de los trabajadores”.