El Gobierno de México reconoce los desafíos que enfrenta en materia de derechos humanos, al tiempo que refrenda su compromiso ineludible para dar respuesta a cada uno de ellos. En este sentido, se destacan los siguientes desarrollos en algunos de los rubros abordados en el capítulo sobre México del informe anual de la organización no gubernamental Amnistía Internacional 2016/17: “La situación de los derechos humanos en el mundo”:

En cuanto a ejecuciones extrajudiciales: a partir del 6 de julio de 2016, la Procuraduría General de la Republica (PGR) atrajo la investigación iniciada por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, por los hechos ocurridos en Nochixtlán. Por su parte la Secretaría de Gobernación (SEGOB) ha mantenido comunicación con las víctimas y familiares a fin de garantizar la asistencia y la atención correspondiente para la reparación del daño.
El Estado reitera su sólido compromiso de esclarecimiento de los hechos y la sanción a los responsables en los caso de Tanhuato, Tlatlaya y Apatzingán. En este sentido, se destaca que en todos los casos hay investigaciones, detenidos y procesados. El Gobierno de México está comprometido con la reparación a las víctimas y con evitar la repetición de sucesos similares.

En lo referente al Apoyo al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, México reitera su constante apoyo al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Durante la profunda crisis financiera tanto de la Comisión (CIDH) como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sufrida en 2016, México tomó el liderazgo para proponer una solución de largo aliento, que permita asegurar recursos previsibles y financiamiento sostenible al trabajo que realizan dichos órganos.
La propuesta se encuentra en discusión en el seno de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y se espera que sea aprobada en la próxima sesión de la Asamblea General de la OEA, en junio de 2017.
Por el Caso Ayotzinapa señala que a lo largo del año se llevarán a cabo seis visitas más, en adición al seguimiento que dará la Comisión en sus períodos de sesiones. Ello fortalecerá la colaboración entre las autoridades encargadas del caso y el mecanismo, y permitirá compartir información con la Comisión sobre la investigación, los esfuerzos de búsqueda y atención integral a las víctimas, en un ambiente de apertura y cooperación total.

De igual forma respecto a la tortura, reitera el rechazo más absoluto a los actos de tortura y el compromiso para prevenir su comisión y sancionar a los responsables. Para esos fines, se han puesto en marcha políticas y acciones encaminadas a su combate, lo que incluye no sólo protocolos de actuación y fortalecimiento institucional, sino también la consideración en el Congreso de la Unión del proyecto de Ley General en la materia.

En cuanto a las desapariciones de personas en México plantea retos muy importantes y se reitera el compromiso de hacerle frente de forma decidida. De esa forma, el Gobierno lleva a cabo mejoras continuas al Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, además que ha puesto en marcha mecanismos de investigación y búsqueda, como el Protocolo Homologado aplicable a todas las procuradurías y fiscalías del país. Asimismo, a fines de 2015 se creó la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR.

El Gobierno de la República toma debida nota de las recomendaciones emitidas por AI en su informe, al tiempo que reconoce el valioso papel de las organizaciones de la sociedad civil en la materia. Asimismo, el Gobierno de México reafirma una vez más su compromiso ineludible con los derechos humanos y reitera que continuará trabajando en atender las asignaturas pendientes.