Fuente: Excelsior

El secretario de Haciendo José Antonio Meade Kuribreña, compareció el día de ayer ante el congreso, con motivo de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno y la propuesta de paquete económico 2017, estimó que los avances del país son innegables, pero también hay retos que se manifiestan a diario, por lo que se tiene que actuar con decisión y firmeza.
Sostuvo que la reforma fiscal mejoró los ingresos tributarios y las finanzas públicas, señaló que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), la expresión más amplia de la deuda, cerrará 2016 en 50.5 por ciento del PIB, nivel superior al proyectado por la Secretaría de Hacienda, pero pese a ello es sostenible, afirmó el titular de la dependencia, José Antonio Meade Kuribreña.

Asimismo, dijo que el crecimiento del SHRFSP no es sorpresa, porque el Congreso de la Unión aprobó la ampliación del déficit propuesto por la SHCP para acelerar la instrumentación de las reformas estructurales, principalmente.
Informó que el SHRFSP se incrementó en 12 puntos del PIB, de los cuales, 5.5 corresponden a la ampliación del déficit autorizado por el Congreso; otros 4, por la variación del tipo de cambio; 1.7, por el menor crecimiento económico al esperado; y 1.5, por la asunción de los pasivos laborales de Pemex y la CFE.
Sostuvo que la trayectoria de la deuda es sostenible, porque la reforma fiscal fortaleció los ingresos tributarios y mejoró la estructura de las finanzas públicas. Afirmó que si el Congreso aprueba el paquete económico propuesto por el Ejecutivo, la deuda disminuirá y recuperaremos el superávit primario.
Afirmó que la deuda pública mexicana es una de las mejor administradas del mundo, porque es de muy largo plazo y el 74 por ciento está en pesos, lo que la hace menos vulnerable a las variaciones del tipo de cambio.

Sobre los Panama Papers y los Bahamas Leaks, el secretario de Hacienda comentó que, en el primer caso hay 311 sujetos relacionados (31 empresas y 280 personas físicas), de los cuales 211 ya fueron localizados en el Registro Federal de Contribuyentes y se está en búsqueda de los otros 100.
De los que ya ubicamos se generó una carga tributaria, se identificó habían pagado impuestos por poco más de 5 mil 615 millones de pesos, y ha sido objeto ya, de una recuperación adicional de 438 millones de pesos. Estamos en proceso de liquidación de otros casi 200 millones de pesos adicionales”.
Al respecto, agregó que continuará la investigación Panama Papers, que se inició otra y se rendirán cuentas sobre Bahamas Leaks, y se seguirá trabajando para asegurar que las empresas que generan utilidades en México paguen sus contribuciones en nuestro país.

También explicó que las condonaciones del Servicio de Administración Tributaria a grandes contribuyentes, entre ellos a GEO, no son una concesión discrecional ni graciosa del SAT, sino resultado de procesos concursales que realiza el SAT por Ley. Restó seriedad a la investigación y “denuncia” de Fundar sobre el tema, porque los datos que divulgó son del SAT pero tomados de internet.
La SHCP solicitó el apoyo de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Federal de Competencia Económica, para determinar dónde y hasta qué punto liberar los precios de la gasolina, y dónde mantenerlo regulado, para evitar abusos contra los consumidores.
Explicó que el objetivo de adelantar la liberación de los precios de las gasolinas, es que estos no dependan de la política-política ni de la política tributaria. En ese sentido, detalló que el proyecto del Ejecutivo no se plantea un incremento al IEPS, ni directa ni indirectamente.
El IEPS habrá de mantenerse fijo en sus términos y la gasolina habrá de seguir la suerte que juegue la oferta y la demanda. Habremos de vivir en un mundo, en un México en donde cuando la gasolina baje, baje en México y cuando la gasolina suba, suba en México”.
Habremos de desligar en lo absoluto la definición del precio de la gasolina, no solamente de una decisión burocrática, sino desligarla también de nuestra política tributaria, pero para hacerlo tenemos que estar ciertos de que hay condiciones de competencia, de que esta política de flexibilización no se prestará a abusos”.
Por ello, dijo, la dependencia a su cargo está planteando que el ritmo de la flexibilización lo determinen la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Competencia Económica, “que ambos nos digan dónde sí y dónde no, dónde flexibilizamos y dónde seguimos regulando para que esta decisión importante y fundamental para el país no gravite por razones de abuso en contra de los ciudadanos”.