Por Alberto Arcega Macuil / Puebla

El Instituto de Derechos Humanos “Ignacio Ellacuría S.J.” de la Universidad Iberoamericana Puebla, dio a conocer su preocupación ante la aprobación que hizo el Congreso del Estado de la “Ley para proteger los Derechos Humanos” que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales, ya que se considera que en una realidad legitima y legaliza el uso de la violencia.
El IDHIE reveló que un aspecto fundamental de toda sociedad democrática consiste en la salvaguarda del derecho a la protesta social; esta garantía supone que cada persona pueda ejercer su libertad de expresión, asociación, reunión y petición.
La declaración sobre el derecho y la responsabilidad de los individuos, grupos y órganos de la sociedad de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos universalmente (Resolución de la Asamblea General 53/144), en su artículo 9 (3), inciso A, establece que tanto individualmente como en asociación con otros, las personas tienen derecho a “Protestar por las actitudes y acciones sociales, individuales y organismos gubernamentales con respecto a las violaciones de derechos humanos y libertades fundamentales, por petición u otros medios adecuados, ante las autoridades judiciales, administrativas o legislativas nacionales competentes, o cualquier otra autoridad competente proporcionada por el sistema legal del estado, que deberá expresar su decisión sobre la queja sin retraso excesivo”.
Consecuentemente, el artículo 12 aborda la participación en actividades pacíficas, estableciendo que el Estado debe considerar las medidas necesarias para garantizar la protección. Por lo tanto, en todo el mundo, tanto individualmente y en asociación con otros, el Estado garantizará que no haya violencia, amenazas, represalias, discriminación adversa de hecho o de jure, presión o cualquier otra acción arbitraria como consecuencia del legítimo ejercicio de los derechos a quienes participen.
Sobre tales fundamentos, el IDHIE insistió en que la aprobación de la “Ley para proteger los Derechos Humanos” legaliza el uso de la violencia.
Asimismo, reveló que dicho proceso legislativo, al que por cierto no fueron convocadas las organizaciones de la sociedad civil ni la academia, representa para la sociedad un alto riesgo de criminalización directa e indirecta de toda aquella “persona que represente un riesgo”, a discrecionalidad de la autoridad, que puede derivar en detenciones arbitrarias.
De tal modo que el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J., hizo un llamado a las autoridades competentes para que revisen que sus acciones y procedimientos estén apegados a los estándares internacionales y no restrinjan derechos, ni censuren acciones de exigibilidad como la protesta social en espacios que pertenecen a la ciudadanía.