• Inauguró la Semana Nacional de Transparencia 2018 “Trascendencia e Impacto de la Transparencia y Rendición de Cuentas”

 

El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, afirmó que “la transparencia y la rendición de cuentas son indispensables para generar confianza y seguir perfeccionando nuestra democracia”.

 

Añadió que “hay todavía mucho por hacer, pero hoy podemos afirmar con orgullo que México es uno de los países con mejor regulación en materia de transparencia y acceso a la información pública. Se trata de una base sólida para seguir promoviendo el desarrollo de México como un país más justo e incluyente, mejor preparado y más próspero”.

 

Al inaugurar hoy la Semana Nacional de Transparencia 2018 “Trascendencia e Impacto de la Transparencia y Rendición de Cuentas”, el Primer Mandatario refirió que “las reformas en materia de transparencia, de acceso a la información pública y de gestión documental, aunadas a la instalación de los Sistemas Nacionales de Transparencia y Anticorrupción, han tenido como propósito modernizar nuestro sistema administrativo para permitir a los ciudadanos participar en un Estado más transparente, legítimo y justo”.

 

Expresó: “a unas cuentas semanas de concluir mi Administración, he querido hacer un repaso general de lo que juntos hemos avanzado durante esta Administración en materia de Transparencia”.

 

Destacó que esta Administración “ha hecho su contribución, desde el ámbito del Ejecutivo, impulsando cambios estructurales, respaldado por las diferentes expresiones políticas”.

 

“Buscamos realmente que la cultura de la transparencia permee entre la sociedad como un derecho fundamental del ciudadano a conocer de la gestión pública, del destino de los recursos públicos que son administrados y ejercidos por distintas entidades públicas en todos los Poderes de la Unión, y también en los órganos autónomos, partidos políticos y sindicatos”, subrayó.

 

El Titular del Ejecutivo Federal agregó que “en esta Administración, construimos sobre este legado, y con la contribución de legisladores de diversos partidos políticos, organismos del sector privado y organizaciones de la sociedad civil, hoy México cuenta con un Sistema Nacional de Transparencia sólido, amplio y robusto”.

 

“Ahora los ciudadanos mexicanos tienen derecho a conocer información de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; de los órganos autónomos, de partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física o moral que realice actos de autoridad o reciba recursos públicos, incluidos los sindicatos”, indicó.

 

Mencionó que se trata de una ampliación de 286 a 842 sujetos obligados a rendir cuentas. “También incrementamos el número de obligaciones de transparencia, de 17 a 48, así como el tiempo que esa información debe permanecer en el portal de Transparencia”, refirió.

 

Precisó que “el motivo de estos cambios es muy claro: en una democracia todo ciudadano tiene derecho a disponer de la información relevante sobre la gestión pública. No sólo se trata de proveer datos y cifras indiscriminadamente, ahora es obligación del Estado dar acceso a la información que requieran los ciudadanos de manera sencilla, a través de medios ágiles y accesibles”.

 

El Presidente Peña Nieto dijo que “desde el Gobierno de la República se ha promovido la apertura de la información contenida en 39 mil bases de datos de 270 instituciones, y todos estos datos están a disposición del público en una sola plataforma”.

 

“Como parte de estos esfuerzos, se desarrollaron la Ventanilla Única Nacional de Trámites y Servicios y la Plataforma de Contrataciones Abiertas, la cual pone al alcance de los ciudadanos información sobre contratos gubernamentales. Y algo muy importante: para hacer efectivo el derecho a la información, las instituciones responsables de garantizarlo son ahora más fuertes. La Ley que rige al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales reconoce a esta institución como un organismo constitucionalmente autónomo”, puntualizó.

 

Añadió que de igual manera se dotó de autonomía “a todos los órganos garantes en las entidades federativas, lo cual significa que las resoluciones que éstos emitan, tienen carácter de definitivas e inatacables para los sujetos obligados”.