Por Roberto Fuentes Vivar – Al momento

Jugar con la muerte como bandera política o para hacer negocio es una de las mayores bajezas en que puede incurrir un ser humano. Decir que alguien cometió un asesinato para obtener beneficios electorales o económicos es inaceptable en cualquier sociedad.
Por eso, lo que está sucediendo en Puebla, es definitivamente inaceptable y amerita que las autoridades impongan castigos a un asunto que parece haberse escapado de sus manos.
Resulta que en la capital poblana, por lo menos una vez por semana, hay manifestaciones en contra de un laboratorio farmacéutico nacional, PiSA, y a favor de otro transnacional, Baxter, porque este último perdió, en una licitación abierta el contrato que mantuvo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, como empresa monopólica.
Hace unas semanas, los quejosos (el cinco por ciento de los más de dos mil que reciben el tratamiento de la empresa nacional), apoyados por los dirigentes del grupo político llamado Movimiento por la Alternativa Social (MAS), Marco Antonio Mazatle Rojas y Ricardo Jiménez Ávila, culparon al laboratorio mexicano de la muerte de un paciente llamado Alejandro Afif.
El Instituto Mexicano del Seguro Social inmediatamente señaló que “el lamentable fallecimiento del señor Afif no fue por recibir tratamiento alguno de diálisis, ni medicamentos de PiSA”, y añadió que “el tratamiento que recibió, en su enfermedad terminal e irreversible, fue de hemodiálisis con medicamentos de otra empresa”.
Ahora, en su manifestación de esta semana, también orquestada por los dirigentes del MAS, aumentaron la cifra a dos personas más, de quienes omitieron los nombres. Y hasta aseguraron que los tratamientos del laboratorio nacional causan semanalmente un fallecimiento, por lo que pidieron que regrese el laboratorio transnacional, Baxter. Textualmente señalan que “se ha incrementado el número de decesos por unos cuantos pesos”.
Y hasta presentaron ante la Comisión de Derechos Humanos y el Congreso del estado de Puebla un documento para exigir en primera que “el IMSS dote de material de primera calidad, como el que ofrece Baxter”. Cabe señalar que desde hace ya varios meses en sus manifestaciones portan carteles en favor del laboratorio transnacional.
Nuevamente, el lunes, el delegado en Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Enrique Doger Guerrero, negó que se tenga registro de la muerte de dos pacientes dializados derivado del suministro de bolsas de diálisis de la marca de laboratorio PiSA. Incluso aseguró que la campaña en su contra es por cuestiones políticas y no por los decesos que supuestamente está provocando esa empresa.
En varias entrevistas, Doger –quien fue presidente municipal de Puebla y funcionario de la BUAP- explicó que los ataques contra su persona y únicamente buscan demeritar el trabajo que se está haciendo dentro de la delegación. “No hay nada documentado, es parte de la propaganda política de este grupo (MAS)”, reiteró una y otra vez.
En síntesis, las tres muertes a las que se refiere el grupo político (“financiado por alguien”, dice el delegado del IMSS) fueron por insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad cerebral-vascular e infección. No existe un dato documentado de muertes de personas que son dializadas con la llegada de PISA. Por eso, precisamente las quejas se han quedado en los gritos de la calle, pero no hay prueba alguna que amerite ser investigada.
De todo esto resultan muchas preguntas: ¿Por qué si PiSA atiende a pacientes de diálisis peritoneal en varios estados de la República, sólo en Puebla tiene problemas? ¿Por qué las autoridades han avalado los productos de PiSA después de arduas investigaciones si supuestamente son nocivos? ¿Las autoridades mexicanas como las del IMSS o la Cofepris son incapaces? ¿Por qué organismos relacionados con la izquierda nacionalista, como el MAS, ahora apoyan a una empresa transnacional como Baxter? ¿Por qué de más de dos mil pacientes, 40 que se han quejado por escrito han creado un conflicto político en Puebla? ¿Por qué se permite que un extranjero (colombiano-venezolano) como el actual director general de Baxter en México, Jaime Upegui, intervenga en política interna? ¿Debería aplicársele el artículo 33? ¿Por qué una empresa como Baxter que tiene multimillonarias demandas internacionales en su contra ahora se convierte en la heroína de Puebla, al grado de que hay marchas con cartelones como “Baxter es vida”, cuando en otras latitudes la acusan de muertes? ¿Quién tiene más dinero para comprar filiaciones, una empresa nacional o una transnacional?
En fin hay muchas preguntas, pero una sobresale ¿Por qué utilizan a la muerte como bandera política, cuando es el acto más execrable del ser humano? Lamentablemente, la respuesta está en otra pregunta: ¿Para mantener un negocio? Lo cual es más execrable aun. Dice el filósofo del metro: jugar con la muerte es pasarse de la raya.