Padre Nacho*

El 22 de noviembre de 1855, el presidente Juan Alvarez expidió la “Ley sobre administración de Justicia y orgánica de los tribunales de la Nación, del Distrito y Territorios”, mejor conocida como la “Ley Juárez”. En el gabinete presidencial era ministro de Justicia el licenciado Benito Pablo Juárez García. La Ley constaba de 77 artículos, con 4 transitorios que suprimían los tribunales especiales en lo que hace a la justicia del fuero común y haber modificado el sistema de fueros. Fue muy discutida y la defendió, desde el punto de vista religioso, don Juan Bautista Morales. Nos llama la atención en el tiempo presente un artículo transitorio que les exigía a los funcionarios judiciales un juramento con la fórmula siguiente: “¿juráis guardar y hacer guardar el Plan de Ayutla y las leyes expedidas en consecuencia, administrar justicia y desempeñar fiel y lealmente vuestro encargo? Si así lo hiciéreis, Dios os lo premie, y si no El y la Nación os lo demanden ( sic)”.

Etimológicamente “fueros” proviene del latín “forum” ( plaza pública, vida pública o judicial) y significa el conjunto de derechos o privilegios que se concedían a un territorio, ciudad o persona en la Edad Media. En los tiempos virreinales existían los fueros de eclesiásticos, militares, ingenieros, artilleros, hacendados, marineros, comisionados, mercantiles, difuntos y muchos más. Aquel número tan extraordinario de fueros privilegiados aumentaba los pleitos, las competencias y los enredos forenses. Por ejemplo: La Memoria del virrey Revillagigedo, del 30 de junio de 1794, ya manifestaba ese desorden en nuestro país; textualmente afirmaba que “no es extraño el que la administración de justicia sea lenta, incierta, y gravosísima a los que litigan. Causaría asombro, si se pudiese sacar por un cálculo cierto, el ver las cantidades que se han gastado, y gastan en litigar en la América (el actual México), y aún mucho más sería digno de admiración el tiempo que pierden los que litigan y los que ocupan por causa de los pleitos, cuando pudieran estar destinados en alguna otra especie de trabajo útil para el Estado”.

En consecuencia, es muy oportuno precisar que la mencionada “Ley Juárez” presentaba lo siguiente: “Se suprimen los tribunales especiales, con excepción de los eclesiásticos y militares. Los tribunales eclesiásticos cesaran de conocer los negocios civiles, y continuarán conociendo de los delitos comunes de los individuos de su fuero, mientras se expide una ley que arregle ese punto. Los tribunales militares cesarán también de conocer los negocios civiles, y conocerán tan solo de los delitos puramente militares o mixtos de los individuos sujetos al fuero de guerra. Las disposiciones que comprende este artículo, son generales para toda la República, y los Estados no podrán variarlas o modificarlas…El fuero eclesiástico en los delitos comunes es renunciable…Los tribunales militares pasarán igualmente a los jueces ordinarios respectivos, los negocios civiles y causas criminales sobre delitos comunes: lo mismo harán los tribunales eclesiásticos con los negocios civiles en que cesa su jurisdicción”…

Reflexión actualizable: a la distancia de poco más de siglo y medio, ¿cuántos fueros o privilegios y exenciones siguen existiendo en nuestro maltratado país, “cuando pudieran estar destinados en alguna otra especie de trabajo útil para el Estado ( Mexicano), según el ya citado virrey Revillagigedo?

* José Ignacio González Molina, desde 1993, pertenece al Consejo de la Crónica de la Cd. de Puebla y ejerce su ministerio en el Infonavit San Jorge; como historiador egresado de la Universidad Iberoamericana ( Cd. de México), la docencia en la Escuela Libre de Derecho. Difunde el programa de historia nacional “Suave Patria” en RADIO PUEBLA (antes SICOM, 105.9 F.M.) y sus estaciones hermanas del Estado de Puebla, los martes de 6 a 7 de la tarde. Internet: www.puebla.mx ( radio, podcast y T.V.)