La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, determinó iniciar de oficio una investigación, derivado de los hechos ocurridos en el colegio de Bachilleres F12 de Izúcar de Matamoros, dados a conocer por diversos medios de comunicación, donde dos estudiantes sufrieron quemaduras cuando participaban en una obra escolar.

Por tal motivo, este organismo autónomo ha solicitado a las autoridades correspondientes un informe sobre lo acontecido.

Asimismo, se están realizando las gestiones necesarias para localizar a los familiares y brindarles apoyo victimológico.

De igual manera se destacó que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla emitió la Recomendación 5/2016 a la Secretaría de Educación Pública del Estado, en el expediente de queja 932/2015 que este organismo autónomo inició de oficio derivado de las publicaciones en diferentes medios de comunicación sobre los hechos ocurridos el pasado 28 de enero de 2015, donde un estudiante de la escuela secundaria general federal Jesús Romero Flores turno vespertino, fue agredido al interior del plantel.

Refirió que quedaron acreditadas violaciones de los derechos humanos a la vida, integridad y seguridad personal, seguridad jurídica, legalidad, y derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Esta Comisión estatal observó que el menor agredido, se encontraba bajo el cuidado y resguardo de las autoridades escolares y fue lesionado con un instrumento punzocortante que ocasionó una herida penetrante en el tórax con lesión en el corazón, y si bien las autoridades escolares realizaron acciones inmediatas para brindar los primeros auxilios y fue trasladado a un hospital, horas más tarde falleció a consecuencia de la lesión.

De la misma manera, se constató que los prefectos son las autoridades encargadas del orden y la vigilancia de los alumnos y que el día de los hechos, la escuela secundaria operaba con dos prefectos y una maestra comisionada como prefecta, encargados de la seguridad y vigilancia de mil 145 alumnos, y de ellos, solo un prefecto y la educadora comisionada estaban vigilando el turno vespertino.

Aunado a ello, quedó demostrado que los familiares del menor fallecido, recibieron malos tratos por parte de los directivos escolares, quienes omitieron brindarles una explicación inmediata y clara de lo ocurrido, también se encontró que la institución educativa tenía antecedentes de hechos violentos en agravio de alumnos, incluso algunos de ellos derivaron en averiguaciones previas y pese a ello, no se tomaron las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar la integridad física de los educandos.

Es importante señalar que, la CDH Puebla realizó las diligencias necesarias para la localización de los familiares de la víctima, a quienes se les dio a conocer la queja iniciada de oficio a favor del estudiante, por lo que se les ofreció apoyo victimológico, brindándoles asesoría jurídica y atención psicológica.

Por lo antes mencionado, se procedió a recomendar lo siguiente:

PRIMERA. Otorgar a los familiares directos del menor fallecido, una compensación económica, por las pérdidas materiales que han tenido que erogar con motivo de la violación a sus derechos humanos, pero también con motivo de los sufrimientos y aflicciones causadas a las víctimas. En los términos de la Ley General de Víctimas.

SEGUNDA. Proporcionar a los familiares directos del menor agraviado, la atención psicológica que restablezca su salud física y emocional de las secuelas que fueron provocadas con motivo de los hechos conocidos.

TERCERA. Realizar un plan de seguridad, que garantice a los alumnos de la escuela secundaria general federal número 5 “Jesús Romero Flores”, gozar de un ambiente seguro y libre de violencia, dentro y fuera de la escuela.

CUARTA. Constituir de manera inmediata la Brigada de Seguridad Escolar de la escuela secundaria, así como el Comité de Protección Civil y Seguridad de la institución, en los términos establecidos en el Manual para la Convivencia Escolar en Educación Básica del Estado de Puebla.

QUINTA. Colaborar ampliamente con esta Comisión en el trámite de la queja que presente a través de la Dirección de Seguimiento de Recomendaciones, Conciliaciones y Asuntos Jurídicos, ante la Delegación de la Contraloría en el sector Educativo, en contra de los responsables, lo anterior independientemente de si dichos servidores públicos continúan o no, laborando en la institución.

SEXTA. Coadyuvar con el ministerio público aportando las evidencias con las que cuente, para la debida integración de la averiguación previa.

Se precisa que de cada punto recomendatorio, debe ser comprobado su debido cumplimiento.