• La ley de uso legítimo de la fuerza pública busca proteger derechos humanos: RMV

La “Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla”, no pretende prohibir las manifestaciones que es un derecho constitucional; busca evitar situaciones que dañen a terceros y que representen un riesgo para policías la propia población, dijo el gobernador Rafael Moreno Valle.

En medio de una gira por el municipio de Zautla, el jefe del ejecutivo estatal lamentó que se le haya dado una mala interpretación al documento, por lo que recomendó hacer una revisión del decreto que ya fue publicado por el periódico oficial del estado con fecha de 19 de mayo de este año.

Al ser entrevistado el mandatario consideró que es un documento de avanzada y responde a la necesidad de ampliar el marco jurídico que protege los derechos humanos, conforme a los lineamientos internacionales, frente a la utilización de la fuerza pública del Estado.

Entre los objetivos de legislar en la materia se encuentra, justamente, el de restringir la actuación de los elementos e instituciones de seguridad pública y condicionar el uso de la fuerza a circunstancias excepcionales, evitando con ello que una vacuidad normativa derive en la violación de los derechos humanos.

La Ley jamás plantea “legitimar” el mal uso de la fuerza pública, ni establecer facultades adicionales a las ya existentes o añadir potestades indebidas a las fuerzas policiales de la entidad. Por el contrario, restringe y condiciona el uso de la fuerza, con instrumentos que la delimitan y que evitan situaciones de indefensión y de abuso para las y los ciudadanos. Las consecuencias de permanecer en incertidumbre jurídica pueden llegar a la violación de derechos humanos.

Ni tampoco se incluye la regulación del uso de armas letales bajo ninguna circunstancia.

Hoy día, las facultades inherentes a los elementos de seguridad de los estados y al uso de la fuerza pública son tema de debate internacional, y encuentran diversas dificultades para su normatividad.

En ese contexto y ante la falta de lineamientos modernos que regulen, restrinjan o limiten el uso de la fuerza, se genera un atraso legislativo (de ahí la necesidad de crear una ley en la materia) frente a la evolución democrática, por lo que esta ley se plantea de avanzada en la materia al aportar aspectos legislativos que brindan certidumbre jurídica para el ciudadano.

En ese sentido, la realización de esta ley abarcó el estudio de instrumentos internacionales y nacionales, a fin de delimitar una función irrefutable del Estado, para incorporar mecanismos en circunstancias específicas, con respeto total a los derechos humanos y con lineamientos claros para la población.