Ésta es la última semana para convocar a un periodo extraordinario de sesiones y definir su contenido. Si el PRI ha abandonado esta propuesta, que se hable con claridad, no se puede decir que se quiere un periodo extraordinario si no se avanza en los productos legislativos ni en los acuerdos, aseguró el senador Miguel Barbosa Huerta.

Enfatizó que esta es la última oportunidad para definir para qué se realizaría dicho periodo. Por ejemplo, no puede proceder el nombramiento del Fiscal General de la República, sin modificar el artículo Decimosexto Transitorio de la reforma constitucional en materia político electoral, para eliminar el “pase automático” que permitiría al actual Procurador quedar nombrado automáticamente como Fiscal, por nueve años.

Además, dijo el senador Miguel Barbosa, no hay condiciones, en tanto que no hay dictamen, ni siquiera un principio de acuerdo, para la emisión de la Ley de la Fiscalía General de la República, misma que desarrollará los parámetros de la autonomía constitucional de dicho órgano de procuración de justicia.

Señaló que tampoco es útil proceder al nombramiento del Fiscal Anticorrupción sin antes realizar la emisión de la Ley de la Fiscalía General de la República, o cuando menos, una reforma a la actual Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República dirigida a dotar a la Fiscalía Especializada de atribuciones suficientes para la eficaz persecución de los servidores públicos que incurran en hechos de corrupción.

“No sería adecuado continuar con un proceso de nombramiento de los tres magistrados de la Tercera Sección de la Sala Superior y quince de las cinco salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ante la denuncia pública y la moción emitida por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, en la que señala la opacidad y la absoluta ausencia de participación ciudadana en el proceso de selección de los candidatos”, subrayó.

En este caso, afirmó el senador Miguel Barbosa, hubo una “evidente manipulación en los tiempos realizado por el Ejecutivo Federal para que el asunto sea resuelto por la Comisión Permanente y que los nombramientos recaigan en perfiles afines a dos fuerzas políticas en franca negociación”.

En el caso de la Ley de Seguridad Interior, dijo que no es posible avanzar en este tema en medio del escándalo de espionaje político que envuelve al gobierno federal, en particular a las tres dependencias relacionadas con la aplicación de dicha norma.

Además, aún estamos lejos de establecer las condiciones mínimas necesarias para lograr el fortalecimiento de los cuerpos civiles de seguridad y el regreso de las fuerzas armadas a los cuarteles para el desarrollo de sus propias actividades constitucionales, apuntó.

“Es claro que no hay voluntad en las fuerzas políticas de derecha para la aprobación de la reforma constitucional en materia de mando mixto y para su desarrollo legal. Si existe voluntad esta semana se tendría que avanzar en los dictámenes y los acuerdos, así como en la convocatoria al periodo extraordinario”, reiteró Miguel Barbosa Huerta.