Las campañas de candidatos a diputados federales iniciarán mañana domingo en medio de nuevas reglas de juego y 17 elecciones locales concurrentes. Los votos serán la medida de acceso al poder. La próxima integración de la Cámara de Diputados plantea desafíos y oportunidades para todos los contendientes. Los partidos pequeños requieren 3% de la votación para sobrevivir, es decir, aproximadamente un millón 200 mil votos, mientras que los mayores buscan ser factor de un nuevo equilibrio en el que, se podría anticipar, el PRI será la mayor de las minorías.
La superposición de elecciones locales complica el juego y concede más encono a la lucha por los votos. Todos los partidos tienen territorios por defender y expectativas de crecimiento, y las elecciones son el espacio para estas batallas. La electoral es una disputa normada por reglas, principios y valores, pero el país, quizás por su precaria cultura democrática, se ha conducido de manera contradictoria. Una democracia sin demócratas, como suele decirse. Los intereses de la política se han impuesto sobre los de la sociedad; y ello, además de ampliar la brecha, plantea una crisis de representatividad. Aún así, las elecciones legitiman el acceso al poder y los ciudadanos concurren a votar de manera ordenada y suficiente.
Las reglas del juego imponen restricciones poco realistas en materia de financiamiento; asimismo, una modalidad de fiscalización que privilegia el control sobre los objetivos de transparencia, no consigue ni lo uno ni lo otro, menos aun cuando el tope de gasto de campaña es escasamente factible. Por lo mismo, las finanzas de las elecciones corren más allá de los canales formales y bases legales. Tampoco el modelo comunicacional responde a los objetivos de informar a los electores sobre las propuestas disponibles y la excedida campaña de promocionales poco contribuye a la cultura ciudadana y al votante informado.
Efectivamente, el país tiene una democracia electoral que, pese a sus insuficiencias, es funcional. El problema mayor no son las reglas, sino la inmadurez de los partidos para encarar democráticamente el desafío que supone el proceso. Descalificar al órgano electoral se ha convertido en práctica recurrente, tanto para expresar inconformidad como para abonar al calculado propósito de debilitarlo con miras a eludir el cumplimiento de la ley. En esta circunstancia no debe sorprender el daño en la imagen del INE y, por consiguiente, en la confianza ciudadana. Nuevamente se anticipa que el resultado adverso en el juego llevará a la descalificación del árbitro y de los competidores. Participar y competir haciendo del deterioro de las instituciones curso normal para la disputa por los votos es una apuesta perversa y autodestructiva.
El debate y la confrontación de propuestas son expresiones propias de la democracia, y también es comprensible que los partidos sean articuladores y reflejo de la diversidad social y política del país. Sin embargo, la lucha por los votos los vuelve maquinarias pragmáticas concebidas para ganar el favor ciudadano incluso a costa de su identidad política y de sus principios. En los comicios de junio concurren diez partidos y la mayoría de las opciones, incluyendo las de los pequeños, se ha corrido hacia el centro. Su agenda, su oferta y sus candidatos se orientan a ganar la decisión del elector aún por encima de su propio proyecto. Como sucede en muchas democracias, sumar votos se ha vuelto un fin y ha dejado de ser un medio para avanzar en el proyecto político de origen…