Por Jesús Lemus/Puebla

 

Con pañuelos verdes y azules que se colocaron en las curules, la mayoría de los diputados locales se dividieron por la reforma al Código Penal que pretende establecer medio año de cárcel o de 100 a 300 días de trabajo comunitario, cuando una mujer decida interrumpir su embarazo.

Lo anterior ocurrió en el desarrollo de la sesión del Poder Legislativo, donde grupos a favor de la vida y personas que están a favor del aborto, intercambiaron una manifestación para expresar su opinión sobre este particular.

Durante la exposición de motivos, la diputada local del PRI, Rocío García Olmedo, aclaró que su propuesta busca no criminalizar a las mujeres, que recibirán alguna sanción de cárcel o trabajo comunitario ante la interrupción del embarazo.

Aclaró que jamás toca las cuatro causales que permiten actualmente el aborto, entre ellas que el feto ponga en riesgo la vida de la mujer, que el embarazo sea ocasionado por una violación, entre otras.

Sentenció que la siguiente sesión del Congreso del Estado, también impulsará una reforma a la Ley de Salud del Poder Legislativo, para fortalecer los programas de prevención y derecho de reproducción sexual.

“No estoy tocando nada de la constitución, sólo retiro todo lo que tiene que ver con el tema de criminalizar a las mujeres, en la siguiente sesión presentaré una reforma a la Ley de Salud del estado de Puebla, para fortalecer los programas de prevención y fortalecer el derecho de salud sexual y productiva”.

Reconoció que el tema causará mucha polémica entre los diversos sectores de Puebla, pero también dijo que si los hombres están preocupados por el derecho a la vida, sería bueno que analicen el abandono paterno.

Dicha reforma se turnó a las comisiones respectivas, donde la diputada local buscará el consenso para dictaminar el tema que confronta a los grupos que están en favor de la vida y de quienes respaldan el aborto.