Rocio García Olmedo

En México viven 39 millones de niños, niñas y adolescentes, lo que significa que el 35% de la población del país tiene menos de 18 años (INEGI, 2010)
La población entre 0 y 5 años de edad es de 11.6 millones, de los cuales 5.9 millones son niños y 5.7 son niñas, el 61.2% de ellos se encuentra en condiciones de pobreza patrimonial (UNICEF, 2009)
Las inequidades entre las zonas rurales y las urbanas son evidentes, datos oficiales reportan que del total de niños/as que vive en zonas rurales el 27.4% padece pobreza extrema, frente al 8% que la padecen en zonas urbanas. El 60% de la población indígena de 3 a 7 años viven en pobreza extrema y la tasa de mortalidad infantil en este grupo es de 70%. Esta desigualdad de ingresos y oportunidades varía conforme a la geografía del país
El país ha tenido avances en materia de educación tanto en la cobertura de educación básica, como en el promedio de escolaridad, el cual aumentó más del doble en los últimos 30 años; sin embargo, todavía hay más de tres millones de niños entre 3 y 17 años que no asisten a la escuela.
En los últimos años, México ha mantenido una inversión relevante de sus recursos en políticas públicas hacia la infancia. Sin embargo, todavía es necesario diseñar políticas de protección a la niñez y adolescencia, y a la restitución de sus derechos.
Seis de cada 10 niños, niñas y adolescentes han vivido directamente alguna forma de violencia en su casa o en su escuela.
La tasa de homicidio para los niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años aumentó de 1.7 a 3.6 por cada 100, 000 de 2007 a 2010. Entre los jóvenes de 15 a 17 el crecimiento fue de 5.3 a 14.4 para el mismo período (INEGI, 2010).
Las niñas y adolescentes entre 5 y 17 años que se dedican a quehaceres domésticos o cuidados de los niños en casa representan el 51% de los que no estudian ni trabajan (ENOE, 2009)
En México, la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y la Constitución Política obligan al Estado a garantizar el cumplimiento universal de los derechos de la infancia y a proveer los servicios públicos necesarios para garantizar su sobrevivencia y pleno desarrollo y obliga los Estados Parte a asignar el máximo de sus recursos disponibles y a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para hacer efectivos estos derechos, por ello por primera vez en el año 2012, se incluyó en el Presupuesto de Egresos de la Federación un Anexo Transversal denominado “Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes”, que para el presente año, resultado de la colaboración del Ejecutivo Federal, la Cámara de Diputados/as y el apoyo metodológico de UNICEF fue reforzado de manera sustantiva, asignándole recursos para el cumplimiento de los derechos de la infancia en los rubros de salud, educación, derechos humanos, desarrollo social, entre otros, que es operado por diferentes dependencias y niveles del Gobierno Federal.
De ahí la importancia de recordar que en 1954, la Asamblea General de la ONU recomendó que todos los países instituyeran el Día Universal del Niño, dedicado a “la fraternidad y a la comprensión entre los niños del mundo entero y destinado a actividades propias para promover el bienestar de los niños del mundo”.
Que la Asamblea General de la ONU, aprobó la Declaración de los Derechos del Niño el 20 de noviembre de 1959 y la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989 que establece los derechos de los niños, niñas y adolescentes en 54 artículos y dos Protocolos Facultativos.
Y por último que UNICEF hace notar que 6 de los 8 objetivos de desarrollo de la Cumbre del Milenio incumben directamente a la infancia.