• Propone eliminar obligación de concesionarios para conservar esta información durante un año.

El senador Miguel Barbosa Huerta propuso modificar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión con el propósito de eliminar la obligación de los concesionarios a conservar los llamados metadatos, que es información relativa a quiénes se comunican, desde dónde y por cuánto tiempo.
Desde la tribuna de la Comisión Permanente, el vicecoordinador político del grupo parlamentario PT-Morena sostuvo que la conservación de estos datos es inconstitucional y atenta contra los derechos humanos de los usuarios.

Al fundamentar su iniciativa para modificar la fracción II del artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el senador expuso que esta obligación que existe actualmente en la ley configura un esquema estatal de vigilancia masiva indiscriminada, lo que transgrede los derechos humanos a la intimidad, así como a la libre expresión, opinión e información.

“Estas leyes hacen de la conservación de estos datos de comunicaciones, llamados metadatos, una obligación legal, esto atenta contra la privacidad de todo el pueblo mexicano”, dijo.

El senador explicó que la misma fracción de la Ley de Telecomunicaciones ordena la conservación de los metadatos durante un año en sistemas que permitan su consulta y entrega a la autoridad en tiempo real y un año más en sistemas de almacenamiento electrónico, que permitan su entrega dentro de las 48 horas siguientes al requerimiento.

“La posibilidad de que en tiempo real se puedan consultar esos datos durante el año siguiente al que se esté detectando una comunicación es algo inconstitucional y atentatorio contra derechos humanos”, expresó.

Miguel Barbosa señaló que esta iniciativa es parte de una serie de propuestas que ha presentado para incidir en el reforzamiento de los controles oficiales sobre el uso legítimo de los medios de vigilancia gubernamental, la identificación de irregularidades, el deslinde de responsabilidades por su mal uso, así como las sanciones administrativas y penales correspondientes.

“Esta tercera iniciativa que presento sobre este tema tiene el propósito también de mantener el interés de este asunto, que no se nos olvide, que no se nos olvide que todos podemos ser vigilados, podemos ser espiados y que es la peor práctica o una de las peores prácticas de cualquier Estado”, comentó.

La iniciativa fue turnada a las comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos del Senado para su análisis y dictaminación.