Por tercer año consecutivo concluyó el Diplomado en Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, realizado gracias al trabajo conjunto de la Auditoría Superior del Estado de Puebla y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Dicha capacitación ha formado auditores profesionales con el objetivo de lograr una fiscalización efectiva y de calidad.
En la ceremonia de clausura se contó con la presencia del Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior del Estado de Puebla; del Mtro. Oscar Gilbón Rosete, Tesorero General de la BUAP; de la Mtra. Mayela Delong Carsolio, Contralora General de la BUAP; la Mtra. Aurora Parada Salomón, Contralora Social de la BUAP.
En su oportunidad la Mtra. Mayela Delong Carsolio, representante del Mtro. José Alfonso Esparza Ortiz, Rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, mencionó que uno de los propósitos de este diplomado consistió en contar con mecanismos sólidos para realizar los procesos de fiscalización de manera homogénea, lo que permitirá cerrar filas en torno a la generación de gobiernos eficaces.
Durante su intervención, el Dr. David Villanueva Lomelí reconoció el esfuerzo y dedicación de los participantes, así como el compromiso de académicos, personal administrativo de la BUAP y los ponentes de la Auditoría Puebla que contribuyeron para la consolidación del diplomado.
El Auditor Superior del Estado de Puebla recordó que el diplomado surgió hace tres años y gracias al trabajo conjunto entre la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Auditoría Superior del Estado, se ha profesionalizado a más auditores con mejores programas y temáticas, para lograr que la fiscalización efectiva y de calidad, sea una labor permanente.
Expresó su certeza de que la fiscalización no se limita a señalar las anomalías, sino especialmente a evitarlas, con el fin de servir mejor a la ciudadanía, promover el buen gobierno y generar valor público. De esta manera, manifestó que el objetivo es fomentar prácticas de gobierno abierto y participativo, a través de establecer sinergias entre la Auditoría Superior del Estado, los auditores externos, los funcionarios públicos y la sociedad civil, que trabajen en la prevención de actos irregulares en el desempeño de la función pública.